BUENOS AIRES.- Luego del escándalo político, judicial y policial que protagonizó, finalmente la Justicia Federal decidió impulsar una investigación por presunto “enriquecimiento ilícito” contra el funcionario Carlos Liuzzi, el número dos de Carlos Zannini, que cumple funciones en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

La decisión fue adoptada por el fiscal federal Ramiro González, quien respondió la “vista del artículo 180”, es decir a la consulta realizada por el juez federal Luis Rodríguez, sobre si impulsaba la investigación o desestimaba la denuncia por inexistencia de delito. González optó por la primera alternativa, ya que consideró que podría existir el delito imputado a Liuzzi.

De hecho, el fiscal sugirió una veintena de medidas de prueba, que abarcan no sólo al funcionario sino también a su actual pareja, Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo, y a su ex mujer Gloria Martínez.

El dictamen le recomienda al juez federal Rodríguez requerir informes sobre Liuzzi y las mujeres desde 2003, cuando ingresó al Gobierno, hasta la actualidad. Entre ellos, pedir las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción y a la AFIP; al Banco Central, detalles de movimientos y cuentas bancarias, y a la Dirección de Migraciones, los registros de entradas y salidas del país de los tres. Además, reclamó que se investigue ante los registros de la Propiedad Automotor, Inmueble, embarcaciones y otros bienes sobre las propiedades de Liuzzi y sus parejas.

Teléfono rojo

El juez Rodríguez realizó la consulta al fiscal González porque tiene a su cargo una causa por “enriquecimiento ilícito” que había sido archivada por su colega Norberto Oyarbide, antes de que se conociera que (Liuzzi) había interrumpido un allanamiento en el marco de una causa por presunto “lavado de dinero” por un llamado, justamente de Liuzzi, alertando sobre irregularidades en el procedimiento.

La Cámara Federal reabrió esa causa, apartó a Oyarbide y designó a Rodríguez como juez instructor.

Oyarbide reconoció que recibió un llamado de Liuzzi advirtiéndole que en un allanamiento en la financiera Propyme -que tendría vínculos con funcionarios kirchneristas-, los policías estaban pidiendo coimas en su nombre para no realizar el allanamiento. El dueño de la financiera, Guillermo Greppi, reconoció que “llamó a Liuzzi”, pero “uno de los policías declaró en la causa que el empresario estaba hablando con Zannini”.

Por la suspensión del allanamiento, el fiscal González imputó a Oyarbide y Liuzzi en otro expediente, en el que el juez Rodríguez pidió la nómina completa de los teléfonos del magistrado y de la Secretaría Legal y Técnica, para luego hacer un entrecruzamiento de llamadas.

Patrimonio

En el arranque del kirchnerismo, Liuzzi declaró $ 190.000, distribuido en una casa y un terreno en Pilar, dos departamentos, un tiempo compartido en Bariloche y dos autos. A partir de 2005, su patrimonio no paró de crecer: En 2011, declaró bienes por $ 7,23 millones; pero un año después tomó un préstamo en el Banco Nación y logró reducirlo a $ 4,68 millones. (DyN)